Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, Salón B - 209, 16 de abril de 2015
Orden del día.
1.
Explicación de la
creación de la red ciudadana
2.
Explicación de los
Manifiestos 1 y 2 y órganos de comunicación (Blog, Twitter, F.B., Medios de comunicación)
4.
Acciones ciudadanas
4.1. Propuesta para la reforma reglamento Corte Constitucional para
antes del 30 de abril.
4.2. Propuesta al Presidente y Congreso en reforma
equilibrio de poderes
5.
Publicidad de la red
6.
Proposiciones y varios
PRIMER MANIFIESTO
¡Corte
Limpia Ya! es una red de ciudadanos y ciudadanas, conformada especialmente por
profesores y estudiantes de derecho, exfuncionarios de la Corte Constitucional,
y académicos, pero también personas preocupadas por el futuro de la Corte
Constitucional y de la Justicia ante los últimos escándalos de
corrupción.
El
caso Pretelt destapó una serie de problemas que no sólo se concreta en la
posible comisión del delito, sino también en los problemas estructurales de la
Corte en materias como la selección de tutelas, los lobbies de los abogados en
los despachos y casas de los jueces, la dilación o engavetamiento de los
procesos, el problema del procesamiento de los aforados, así como especialmente
los procesos de selección de los miembros de la Corte y los comportamientos
éticos de estos que son problemas estructurales que requieren pronta
solución.
Lo
que se pide es una vuelta a la dignidad y transparencia de la Corte
Constitucional que solucione no sólo la coyuntura de la crisis actual, sino los
problemas estructurales de la Corte y de la rama judicial en general.
La
red pretende crear fórmulas de solución desde la sociedad civil y la Academia
para enfrentar esta crisis y las que vengan, y busca que los ciudadanos nos
manifestemos y actuemos, porque valoramos la importancia de la Corte
Constitucional y de la rama judicial para la defensa de los derechos
fundamentales y la conservación de la democracia constitucional en nuestro
país.
La
red exige una mayor transparencia y control ciudadano para una mejor y
eficaz justicia. Se realizarán manifiestos relacionados con propuestas
puntuales a la salida de la crisis de la Corte y de la justicia y se
establecerán propuestas para soluciones estructurales o de mayor calado.
También realizaremos manifestaciones públicas y protestas ciudadanas para
buscar soluciones prontas.
No
se quiere con esta red pedir soluciones que deriven en una crisis mayor y por
esto creemos que las propuestas deben ser prudentes y sopesadas para que los
cambios que se hagan sean a largo plazo y no coyunturales o esporádicas.
Pensamos
también que las soluciones a la crisis deben ser constructivas y no
destructivas, la Corte Constitucional y la jurisdicción constitucional en general
ha cumplido un rol importantísimo en la defensa de los derechos fundamentales
de los más vulnerables y ha sido ejemplo por sus avances jurisprudenciales en
el mundo. Por esta razón pensamos que no se trata de limitar o acabar con las
competencias de la Corte en materia de tutela y constitucionalidad. La Corte
debe seguir cumpliendo este importante rol y la tutela se debe defender contra
cualquier intento de acabar con ésta o limitarla. Lo que se quiere
entonces es exigir una mayor transparencia y control en la labor de la Corte
para que ésta se mantenga y fortalezca.
¡Bienvenidos todos!
Twitter: @CorteLimpia
E.mail: cortelimpiaya@gmail.com
Grupo Facebook: CorteLimpiaya aquí.
SEGUNDO MANIFIESTO: POR UNOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y NO
COSMÑETICOS
Desde
el 27 de febrero cuando se supo de la posible comisión del delito de cohecho
del Magistrado Pretelt se han propuesto diferentes formas de tratar de superar
la crisis de la Corte Constitucional en donde se combinan medidas que pueden
resultar apenas cosméticas con otras propuestas que resultan desproporcionadas
como por ejemplo pedir la renuncia de todos los magistrados de la Corte
Constitucional, la declaratoria de un estado de emergencia o la convocatoria de
una constituyente. ¡Corte Limpia Ya! considera que estas
medidas acarrearían mayores problemas porque que en nada resolvería los
problemas estructurales de la Corte y podrían dar lugar a una crisis de
institucionalidad sin precedentes.
Por
esta razón se proponen unos cambios más sopesados en donde participe la
sociedad civil y la Academia para buscar la transparencia, rendición de cuentas
y las responsabilidades.
Los
problemas que ¡Corte Limpia Ya! ha detectado se pueden dividir
en dos: por una parte los que tienen relación con el mismo caso del supuesto
cohecho y las acusaciones de Pretelt a sus colegas, y otros problemas de la
Corte en su funcionamiento que no tienen que ver directamente con el caso que
suscitó la crisis.
Los
problemas que se derivan del caso de Fidupetrol son los siguientes:
1)
Fallas en el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional en
donde no existe participación efectiva de la sociedad civil y criterios de
meritocracia que garanticen una buena elección.
2)
La falta de efectividad del juzgamiento de los magistrados de la Corte
Constitucional en el proceso establecido en la Constitución de 1991 para los
aforados.
3)
Las fallas en el proceso de selección de tutelas y su falta de transparencia.
4)
La comprobación constante de que muchas de las tutelas que se seleccionan poco
tienen que ver con los derechos fundamentales de los menos favorecidos y
vulnerables, sino con grandes intereses económicos.
5)
La tutela contra providencias judiciales que se ha trivializado para
convertirla en una última instancia para litigar procesos judiciales
millonarios.
6) Las insistencias de los Magistrados de la Corte Constitucional sin
explicación que les ha dado un amplio poder.
7)
La presencia de lobbistas en la Corte constitucional y en las casas de los
magistrados que buscan que se les falle a favor los procesos en un soslayado
tráfico de influencias.
8)
Los problemas que se derivan de los intereses por las potestades electorales de
la Corte como la de Registrador Nacional, Contralor, miembros de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
9)
Los nombramientos de familiares o recomendados de los Magistrados en entidades
como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
Estos
elementos que se relacionan con el caso del supuesto cohecho, también se
acompaña con los siguientes:
1)
La falta de participación de entidades de control y de la sociedad civil en los
procesos de selección de tutelas para una efectiva veeduría.
2)
Reglas poco claras en el proceso de selección de tutelas, por ejemplo en lo que
tiene que ver con las insistencias y peticiones y los criterios de cambio de
jurisprudencia, importancia del caso para consolidar jurisprudencia o errores
en los fallos de instancia.
3)
La dilación injustificada de la publicación de los fallos judiciales.
4)
La suspensión y engavetamiento de fallos judiciales sin justificación.
5)
La falta de normas claras sobre la rendición de cuentas de la Corte, la
periodicidad y la participación de la sociedad civil en estos procesos.
¡Corte
Limpia Ya! considera que lo que se
ha hecho después de que estalló la crisis de la Corte Constitucional han sido
medidas tomadas por el Gobierno y por la propia Corte Constitucional que aunque
están bien encaminadas, son insuficientes y se limitan nuevamente a apagar el
fuego de la crisis y resultan meramente coyunturales y algunas cosméticas en
donde se aprecia que no se les da oportunidad a otras instancias académicas,
organizaciones sociales y de la sociedad civil en la participación de la
búsqueda de soluciones.
En
cuanto a las medidas propuestas por el Gobierno, el Presidente de la República
en alocución presidencial de 24 de marzo se destacan las siguientes:
1)
Aprobar el Decreto propuesto por Elección Visible para
que en las ternas del Presidente de la República se tengan criterios de
meritocracia. Esto dio lugar a la promulgación del Decreto 0537 de 25 de marzo
de 2015 en donde se establece que el Presidente abrirá procesos de participación
para que la sociedad civil, las organizaciones sociales y las universidades se
pronuncien sobre candidatos a la Corte, pero se deja claro que el Presidente
guarda plena autonomía en la selección de los candidatos, incluso de los no
inscritos. Aquí Decreto.
2)
Promover que en la reforma constitucional de equilibrio de poderesque
se esta tramitando en el Congreso se establezca una forma de juzgamiento de los
aforados más eficaz. La propuesta inicial es que se creará un Tribunal de
aforados ad hoc nombrado por el Gobierno para que después si
se establezca una selección de los miembros por meritocracia y concurso
público. Este Tribunal tendrá la capacidad de acusar ante el Congreso que
contará con un plazo perentorio para juzgar. Encontramos está propuesta de
tinte presidencialista en donde se podría limitar y poner en riesgo la división
de los poderes por el nombramiento por parte del Presidente del primer tribunal
de aforados.
3)
Que en la misma reforma constitucional se eliminen las potestades nominadoras
de los magistrados de la Corte y la llamada puerta giratoria del "tú me
eliges yo te elijo" creando inhabilidades.
4)
Seguir apoyando que en la reforma de equilibrio se cambien los requisitos
para ser Magistrado de la Corte aumentando la edad de experiencia entre otros
requisitos que no tienen nada que ver con el mérito.
5)
Proponer un proyecto de Ley Estatutaria con mensaje de urgencia para que las
misma Corte cambie su reglamento y pueda suspender a los magistrados
investigados cuando se encuentren en "situación patente de
indignidad".
6)
Medidas para "racionalizar" la tutela que sea para los menos
favorecidos y regular el llamado "choque de trenes". Encontramos esta
medida de mucho riesgo sobre lo que se entiende por "racionalizar".
7)
Medidas que eviten el cabildeo de los abogados.
8)
Se insta a que la Corte adopte un Código de ética y que cambie su reglamento para
la publicación de sus fallos en un término de tres días y que los fallos no se
filtren antes de su publicación.
De
otra parte se debe tener en cuenta que desde que estalló el escándalo se ha
propuesto por la misma Corte Constitucional lo siguiente:
1)
Transparencia, publicidad y participación de organismos de control en los
procesos de selección de tutelas. Participación de organismos como la Defensoría
y Procuraduría como veedores. Vigilancia que se llevo a cabo en la primera Sala
de Selección después de la crisis.
2)
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2009 - 2015 realizada el 26 de marzo.
La Audiencia se realizó a puerta cerrada y con transmisión en televisión el
día. Se publicó el video de la Audiencia aquí el
7 de abril. En esta primer Informe se apreció que la Audiencia estuvo orientada
más a dar estadísticas numéricas en materia de tutela, constitucionalidad,
sentencias estructurales y audiencias públicas que en análisis sustanciales y
de fondo de la selección. Se trató de orientar a la opinión pública a que los
fallos "económicos" son muy pocos, así como las insistencias. Se
leyeron también casos de importancia. Finalmente se leyó un informe de "Medidas
de optimización de procesos internos" en donde se propone cambiar
el reglamento de la Corte para el 30 de abril por parte de una comisión formada
por 9 Magistrados Auxiliares con socialización de los demás empleados de la
Corte, en temas relacionados con selección de tutelas, facultades electorales,
código de ética, plazos para dictar sentencias y autos en una forma de
autorregulación.
Sobre estos primeras propuestas de cambio ¡Corte Limpia
Ya!considera que se deben hacer unas propuestas que también tenga en cuenta
a la sociedad civil organizada, las Universidades y las organizaciones sociales
más importantes preocupadas por la buena marcha de la Corte y su buen
funcionamiento. Las medidas de cambio deben ser estructurales y permanentes y
no sólo se deben plantear dentro de la endogamia de la institución o dentro de
las potestades presidenciales. Se deben por ende crear instancias dialógicas a
manera de Audiencia que permitan la participación activa de la ciudadanía en
dichos cambios.
Por esta razón ¡Corte Limpia Ya! mandará una comunicación
escrita que radicará ante la Corte Constitucional y ante la Presidencia y el
Congreso con propuestas para superar la crisis que tengan los siguientes
parámetros:
1)
Que se logre investigar a fondo las acusaciones de corrupción que están
cursando en el Congreso del Magistrado Pretelt para que se llegue a la
verdad.
2)
Que la acción de tutela se debe proteger contra cualquier intento de limitación
o "racionalización" que restrinja las competencias de la Corte.
3)
Que en los procesos de reforma del reglamento se debe incluir a la Sociedad
Civil, Organizaciones Sociales y Universidades para
que
no se haga dentro de la endogamia de la Corte.
4)
Que las medidas de publicidad transparencia de la Sala de Selección de tutelas
como la Rendición de Cuentas y los informes de Gestión deben realizarse
periódicamente de manera pública y con unas reglas preestablecidas. No deben
ser medidas coyunturales o cosméticas que se realicen sólo cuando estalle un
escándalo.
5)
Que en los procesos de reemplazo de Magistrados de la Corte se realicen
procesos de meritocracia y concurso que incluyan sociedad civil, organizaciones
sociales y universidades.
6)
Que se constituya un Observatorio Constitucional Académico para que vigile y
haga control de la labor de la Corte de manera externa como una forma de
veeduría ciudadana.
Finalmente ¡Corte
Limpia Ya! lamenta el fallecimiento del exmagistrado de la Corte
Constitucional Dr. Carlos Gaviria Díaz. El Magistrado Gaviria
fue uno de los grandes juristas que tuvo la Corte y sus ponencias e ideas
produjeron importantes avances en el entendimiento y comprensión de los
derechos fundamentales en nuestro país.
TRANSPARENCIA ACTIVA Y CORTE CONSTITUCIONAL
Jorge Ernesto Roa Roa
Profesor de Derecho Constitucional
de la Universidad Externado de Colombia
Existen
dos esquemas básicos para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información
de carácter público. De acuerdo con el primero, denominado transparencia
pasiva, los ciudadanos deben acudir a las autoridades para solicitarles la
información que consideren relevante con el fin de realizar sus gestiones o
controlar al poder público. Para obtener este objetivo, los ciudadanos cuentan
con una herramienta muy poderosa que encuentra protección constitucional en el
derecho de petición.
El
segundo esquema es el de transparencia activa. Bajo este marco más exigente,
las autoridades públicas deben proporcionar motu proprio y
constantemente toda la información de interés público relevante para que los
ciudadanos puedan realizar un control de la función y de las decisiones de
quienes ejercen el poder público. La rendición periódica de cuentas, por
ejemplo, es un ejercicio básico del modelo de transparencia activa.
La
Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en sus informes periódicos y temáticos (El derecho de
acceso a la información pública en las américas - 2011) y la propia Corte
Constitucional de Colombia (Sentencias C-872 de 2003, T-157 de 2010, T-451 de
2011 y C-274 de 2013) han reiterado la importancia de la transparencia activa
en el Estado constitucional, la estrecha relación que tiene con la garantía de
los derechos políticos y las ventajas de este modelo para el buen desarrollo de
la función pública. La conclusión a la que llegan estas dos instituciones
coincide en afirmar que de la transparencia activa se benefician tanto los
ciudadanos como las autoridades y que el escrutinio público es el mejor aliado
del buen gobierno y de la buena administración de justicia.
A
pesar de lo anterior, la audiencia de rendición de cuentas de la Corte
Constitucional destinada a tal fin, no satisfizo las condiciones básicas de un
proceso de este tipo. En primer lugar, la sesión no fue convocada
espontáneamente por la Corte Constitucional sino que se realizó como una
reacción a un conjunto de graves acusaciones dirigidas a algunos de sus integrantes
y como resultado de la presión de la opinión pública y los medios de
comunicación. Por otra parte, la audiencia no contó con la participación de
representantes de la ciudadanía o de organizaciones sociales. En tercer lugar,
no se permitieron las preguntas en directo y, lo que resulta más importante, no
se proporcionó información de calidad. Tampoco se ha señalado la fecha para una
nueva audiencia, ni se han indicado los factores que motivarían su realización.
En
definitiva, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la denominada
audiencia de rendición de cuentas de la Corte Constitucional, impidieron que se
produjera un verdadero diálogo entre la ciudadanía y el tribunal
constitucional. Por el contrario, se realizó un monólogo en el que la autoridad
pública impuso los temas, el contenido, la duración y el alcance del
escrutinio.
En
ese contexto, las anunciadas medidas de corrección que pretenden dar publicidad
al procedimiento de selección de tutela solamente constituyen un leve ajuste
frente a los retos del tribunal para garantizar el acceso de los ciudadanos a
la información. La Corte Constitucional debe hacer públicos todos los datos
sobre su trabajo como autoridad pública, ofrecerlos actualizados en su página
oficial, evitar información general y, aún más, está en la obligación de
sistematizar esos datos y producir información relevante para los ciudadanos.
Adicionalmente,
es deseable que la Corte institucionalice las audiencias de rendición de
cuentas, defina su periodicidad, permita el ingreso de representantes de los
organismos de control y de organizaciones no gubernamentales. Lo ideal sería
que la Corte presentara un informe en los días previos a la audiencia, de
manera que la participación ciudadana se destine a la profundización y discusión
de la información.
Aunque
es cierto que la sociedad civil y la academia tienen la responsabilidad de
ejercer un control sobre el tribunal constitucional, también es verdad que
existen fuertes barreras para acceder a la información que obstaculizan o desestimulan
los estudios empíricos y descargan en instituciones o investigadores
particulares toda la responsabilidad de sistematizar la escasa información
disponible.
Si
la propia Corte Constitucional asume la obligación de garantizar efectivamente
el mayor acceso a la información relevante sobre su propio trabajo, permitirá a
los ciudadanos ejercer un mayor control sobre su actividad y, por supuesto,
aumentará la comprensión sobre la importancia y centralidad de ese tribunal en
nuestro proyecto de democracia constitucional.
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