jueves, 16 de abril de 2015

Reunión !Corte Limpia Ya!






Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Salón B - 209, 16 de abril de 2015


Orden del día.

1.    Explicación de la creación de la red ciudadana

2.    Explicación de los Manifiestos 1 y 2 y órganos de comunicación (Blog, Twitter, F.B., Medios de comunicación)

4.    Acciones ciudadanas

4.1. Propuesta para la reforma reglamento Corte Constitucional para antes del 30 de abril.

4.2. Propuesta al Presidente y Congreso en reforma equilibrio de poderes

5.    Publicidad de la red

6.    Proposiciones y varios



PRIMER MANIFIESTO

¡Corte Limpia Ya! es una red de ciudadanos y ciudadanas, conformada especialmente por profesores y estudiantes de derecho, exfuncionarios de la Corte Constitucional, y académicos, pero también personas preocupadas por el futuro de la Corte Constitucional y de la Justicia ante los últimos escándalos de corrupción. 

El caso Pretelt destapó una serie de problemas que no sólo se concreta en la posible comisión del delito, sino también en los problemas estructurales de la Corte en materias como la selección de tutelas, los lobbies de los abogados en los despachos y casas de los jueces, la dilación o engavetamiento de los procesos, el problema del procesamiento de los aforados, así como especialmente los procesos de selección de los miembros de la Corte y los comportamientos éticos de estos que son problemas estructurales que requieren pronta solución. 

Lo que se pide es una vuelta a la dignidad y transparencia de la Corte Constitucional que solucione no sólo la coyuntura de la crisis actual, sino los problemas estructurales de la Corte y de la rama judicial en general. 

La red pretende crear fórmulas de solución desde la sociedad civil y la Academia para enfrentar esta crisis y las que vengan, y busca que los ciudadanos nos manifestemos y actuemos, porque valoramos la importancia de la Corte Constitucional y de la rama judicial para la defensa de los derechos fundamentales y la conservación de la democracia constitucional en nuestro país. 

La red exige una mayor transparencia y control ciudadano para una mejor y eficaz justicia. Se realizarán manifiestos relacionados con propuestas puntuales a la salida de la crisis de la Corte y de la justicia y se establecerán propuestas para soluciones estructurales o de mayor calado. También realizaremos manifestaciones públicas y protestas ciudadanas para buscar soluciones prontas. 

No se quiere con esta red pedir soluciones que deriven en una crisis mayor y por esto creemos que las propuestas deben ser prudentes y sopesadas para que los cambios que se hagan sean a largo plazo y no coyunturales o esporádicas. 

Pensamos también que las soluciones a la crisis deben ser constructivas y no destructivas, la Corte Constitucional y la jurisdicción constitucional en general ha cumplido un rol importantísimo en la defensa de los derechos fundamentales de los más vulnerables y ha sido ejemplo por sus avances jurisprudenciales en el mundo. Por esta razón pensamos que no se trata de limitar o acabar con las competencias de la Corte en materia de tutela y constitucionalidad. La Corte debe seguir cumpliendo este importante rol y la tutela se debe defender contra cualquier intento de acabar con ésta o limitarla. Lo que se quiere entonces es exigir una mayor transparencia y control en la labor de la Corte para que ésta se mantenga y fortalezca. 




¡Bienvenidos todos!

Twitter: @CorteLimpia
E.mail: cortelimpiaya@gmail.com
Grupo Facebook: CorteLimpiaya aquí.


SEGUNDO MANIFIESTO: POR UNOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y NO COSMÑETICOS

Desde el 27 de febrero cuando se supo de la posible comisión del delito de cohecho del Magistrado Pretelt se han propuesto diferentes formas de tratar de superar la crisis de la Corte Constitucional en donde se combinan medidas que pueden resultar apenas cosméticas con otras propuestas que resultan desproporcionadas como por ejemplo pedir la renuncia de todos los magistrados de la Corte Constitucional, la declaratoria de un estado de emergencia o la convocatoria de una constituyente. ¡Corte Limpia Ya! considera que estas medidas acarrearían mayores problemas porque que en nada resolvería los problemas estructurales de la Corte y podrían dar lugar a una crisis de institucionalidad sin precedentes. 

Por esta razón se proponen unos cambios más sopesados en donde participe la sociedad civil y la Academia para buscar la transparencia, rendición de cuentas y las responsabilidades. 

Los problemas que ¡Corte Limpia Ya! ha detectado se pueden dividir en dos: por una parte los que tienen relación con el mismo caso del supuesto cohecho y las acusaciones de Pretelt a sus colegas, y otros problemas de la Corte en su funcionamiento que no tienen que ver directamente con el caso que suscitó la crisis.  

Los  problemas que se derivan del caso de Fidupetrol son los siguientes: 

1) Fallas en el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional en donde no existe participación efectiva de la sociedad civil y criterios de meritocracia que garanticen una buena elección. 

2) La falta de efectividad del juzgamiento de los magistrados de la Corte Constitucional en el proceso establecido en la Constitución de 1991 para los aforados.  

3) Las fallas en el proceso de selección de tutelas y su falta de transparencia.

4) La comprobación constante de que muchas de las tutelas que se seleccionan poco tienen que ver con los derechos fundamentales de los menos favorecidos y vulnerables, sino con grandes intereses económicos. 


5) La tutela contra providencias judiciales que se ha trivializado para convertirla en una última instancia para litigar procesos judiciales millonarios.



6) Las insistencias de los Magistrados de la Corte Constitucional sin explicación que les ha dado un amplio poder. 

7) La presencia de lobbistas en la Corte constitucional y en las casas de los magistrados que buscan que se les falle a favor los procesos en un soslayado tráfico de influencias.

8) Los problemas que se derivan de los intereses por las potestades electorales de la Corte como la de Registrador Nacional, Contralor, miembros de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

9) Los nombramientos de familiares o recomendados de los Magistrados en entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. 

Estos elementos que se relacionan con el caso del supuesto cohecho, también se acompaña con los siguientes:

1) La falta de participación de entidades de control y de la sociedad civil en los procesos de selección de tutelas para una efectiva veeduría. 

2) Reglas poco claras en el proceso de selección de tutelas, por ejemplo en lo que tiene que ver con las insistencias y peticiones y los criterios de cambio de jurisprudencia, importancia del caso para consolidar jurisprudencia o errores en los fallos de instancia. 

3) La dilación injustificada de la publicación de los fallos judiciales. 

4) La suspensión y engavetamiento de fallos judiciales sin justificación. 

5) La falta de normas claras sobre la rendición de cuentas de la Corte, la periodicidad y la participación de la sociedad civil en estos procesos. 

¡Corte Limpia Ya! considera que lo que se ha hecho después de que estalló la crisis de la Corte Constitucional han sido medidas tomadas por el Gobierno y por la propia Corte Constitucional que aunque están bien encaminadas, son insuficientes y se limitan nuevamente a apagar el fuego de la crisis y resultan meramente coyunturales y algunas cosméticas en donde se aprecia que no se les da oportunidad a otras instancias académicas, organizaciones sociales y de la sociedad civil en la participación de la búsqueda de soluciones. 

En cuanto a las medidas propuestas por el Gobierno, el Presidente de la República en alocución presidencial de 24 de marzo se destacan las siguientes: 

1) Aprobar el Decreto propuesto por Elección Visible para que en las ternas del Presidente de la República se tengan criterios de meritocracia. Esto dio lugar a la promulgación del Decreto 0537 de 25 de marzo de 2015 en donde se establece que el Presidente abrirá procesos de participación para que la sociedad civil, las organizaciones sociales y las universidades se pronuncien sobre candidatos a la Corte, pero se deja claro que el Presidente guarda plena autonomía en la selección de los candidatos, incluso de los no inscritos. Aquí Decreto.  

2) Promover que en la reforma constitucional de equilibrio de poderesque se esta tramitando en el Congreso se establezca una forma de juzgamiento de los aforados más eficaz. La propuesta inicial es que se creará un Tribunal de aforados ad hoc nombrado por el Gobierno para que después si se establezca una selección de los miembros por meritocracia y concurso público. Este Tribunal tendrá la capacidad de acusar ante el Congreso que contará con un plazo perentorio para juzgar. Encontramos está propuesta de tinte presidencialista en donde se podría limitar y poner en riesgo la división de los poderes por el nombramiento por parte del Presidente del primer tribunal de aforados. 

3) Que en la misma reforma constitucional se eliminen las potestades nominadoras de los magistrados de la Corte y la llamada puerta giratoria del "tú me eliges yo te elijo" creando inhabilidades. 

4) Seguir apoyando que en la reforma de equilibrio se cambien los requisitos para ser Magistrado de la Corte aumentando la edad de experiencia entre otros requisitos que no tienen nada que ver con el mérito. 

5) Proponer un proyecto de Ley Estatutaria con mensaje de urgencia para que las misma Corte cambie su reglamento y pueda suspender a los magistrados investigados cuando se encuentren en "situación patente de indignidad". 

6) Medidas para "racionalizar" la tutela que sea para los menos favorecidos y regular el llamado "choque de trenes". Encontramos esta medida de mucho riesgo sobre lo que se entiende por "racionalizar".

7) Medidas que eviten el cabildeo de los abogados.

8) Se insta a que la Corte adopte un Código de ética y que cambie su reglamento para la publicación de sus fallos en un término de tres días y que los fallos no se filtren antes de su publicación. 

De otra parte se debe tener en cuenta que desde que estalló el escándalo se ha propuesto por la misma Corte Constitucional lo siguiente: 

1) Transparencia, publicidad y participación de organismos de control en los procesos de selección de tutelas. Participación de organismos como la Defensoría y Procuraduría como veedores. Vigilancia que se llevo a cabo en la primera Sala de Selección después de la crisis.  

2) Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2009 - 2015 realizada el 26 de marzo. La Audiencia se realizó a puerta cerrada y con transmisión en televisión el día. Se publicó el video de la Audiencia aquí el 7 de abril. En esta primer Informe se apreció que la Audiencia estuvo orientada más a dar estadísticas numéricas en materia de tutela, constitucionalidad, sentencias estructurales y audiencias públicas que en análisis sustanciales y de fondo de la selección. Se trató de orientar a la opinión pública a que los fallos "económicos" son muy pocos, así como las insistencias. Se leyeron también casos de importancia. Finalmente se leyó un informe de "Medidas de optimización de procesos internos" en donde se propone cambiar el reglamento de la Corte para el 30 de abril por parte de una comisión formada por 9 Magistrados Auxiliares con socialización de los demás empleados de la Corte, en temas relacionados con selección de tutelas, facultades electorales, código de ética, plazos para dictar sentencias y autos en una forma de autorregulación. 


Sobre estos primeras propuestas de cambio ¡Corte Limpia Ya!considera que se deben hacer unas propuestas que también tenga en cuenta a la sociedad civil organizada, las Universidades y las organizaciones sociales más importantes preocupadas por la buena marcha de la Corte y su buen funcionamiento. Las medidas de cambio deben ser estructurales y permanentes y no sólo se deben plantear dentro de la endogamia de la institución o dentro de las potestades presidenciales. Se deben por ende crear instancias dialógicas a manera de Audiencia que permitan la participación activa de la ciudadanía en dichos cambios.


Por esta razón ¡Corte Limpia Ya! mandará una comunicación escrita que radicará ante la Corte Constitucional y ante la Presidencia y el Congreso con propuestas para superar la crisis que tengan los siguientes parámetros: 
1)  Que se logre investigar a fondo las acusaciones de corrupción que están cursando en el Congreso del Magistrado Pretelt para que se llegue a la verdad. 

2) Que la acción de tutela se debe proteger contra cualquier intento de limitación o "racionalización" que restrinja las competencias de la Corte.   

3) Que en los procesos de reforma del reglamento se debe incluir a la Sociedad Civil, Organizaciones Sociales y Universidades para  
que no se haga dentro de la endogamia de la Corte. 

4) Que las medidas de publicidad transparencia de la Sala de Selección de tutelas como la Rendición de Cuentas y los informes de Gestión deben realizarse periódicamente de manera pública y con unas reglas preestablecidas. No deben ser medidas coyunturales o cosméticas que se realicen sólo cuando estalle un escándalo. 

5) Que en los procesos de reemplazo de Magistrados de la Corte se realicen procesos de meritocracia y concurso que incluyan sociedad civil, organizaciones sociales y universidades. 

6) Que se constituya un Observatorio Constitucional Académico para que vigile y haga control de la labor de la Corte de manera externa como una forma de veeduría ciudadana. 

Finalmente ¡Corte Limpia Ya! lamenta el fallecimiento del exmagistrado de la Corte Constitucional Dr. Carlos Gaviria Díaz. El Magistrado Gaviria fue uno de los grandes juristas que tuvo la Corte y sus ponencias e ideas produjeron importantes avances en el entendimiento y comprensión de los derechos fundamentales en nuestro país. 




TRANSPARENCIA ACTIVA Y CORTE CONSTITUCIONAL

Jorge Ernesto Roa Roa
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia


Existen dos esquemas básicos para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información de carácter público. De acuerdo con el primero, denominado transparencia pasiva, los ciudadanos deben acudir a las autoridades para solicitarles la información que consideren relevante con el fin de realizar sus gestiones o controlar al poder público. Para obtener este objetivo, los ciudadanos cuentan con una herramienta muy poderosa que encuentra protección constitucional en el derecho de petición.

El segundo esquema es el de transparencia activa. Bajo este marco más exigente, las autoridades públicas deben proporcionar motu proprio y constantemente toda la información de interés público relevante para que los ciudadanos puedan realizar un control de la función y de las decisiones de quienes ejercen el poder público. La rendición periódica de cuentas, por ejemplo, es un ejercicio básico del modelo de transparencia activa.

La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes periódicos y temáticos (El derecho de acceso a la información pública en las américas - 2011) y la propia Corte Constitucional de Colombia (Sentencias C-872 de 2003, T-157 de 2010, T-451 de 2011 y C-274 de 2013) han reiterado la importancia de la transparencia activa en el Estado constitucional, la estrecha relación que tiene con la garantía de los derechos políticos y las ventajas de este modelo para el buen desarrollo de la función pública. La conclusión a la que llegan estas dos instituciones coincide en afirmar que de la transparencia activa se benefician tanto los ciudadanos como las autoridades y que el escrutinio público es el mejor aliado del buen gobierno y de la buena administración de justicia.

A pesar de lo anterior, la audiencia de rendición de cuentas de la Corte Constitucional destinada a tal fin, no satisfizo las condiciones básicas de un proceso de este tipo. En primer lugar, la sesión no fue convocada espontáneamente por la Corte Constitucional sino que se realizó como una reacción a un conjunto de graves acusaciones dirigidas a algunos de sus integrantes y como resultado de la presión de la opinión pública y los medios de comunicación. Por otra parte, la audiencia no contó con la participación de representantes de la ciudadanía o de organizaciones sociales. En tercer lugar, no se permitieron las preguntas en directo y, lo que resulta más importante, no se proporcionó información de calidad. Tampoco se ha señalado la fecha para una nueva audiencia, ni se han indicado los factores que motivarían su realización.

En definitiva, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la denominada audiencia de rendición de cuentas de la Corte Constitucional, impidieron que se produjera un verdadero diálogo entre la ciudadanía y el tribunal constitucional. Por el contrario, se realizó un monólogo en el que la autoridad pública impuso los temas, el contenido, la duración y el alcance del escrutinio.

En ese contexto, las anunciadas medidas de corrección que pretenden dar publicidad al procedimiento de selección de tutela solamente constituyen un leve ajuste frente a los retos del tribunal para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información. La Corte Constitucional debe hacer públicos todos los datos sobre su trabajo como autoridad pública, ofrecerlos actualizados en su página oficial, evitar información general y, aún más, está en la obligación de sistematizar esos datos y producir información relevante para los ciudadanos.

Adicionalmente, es deseable que la Corte institucionalice las audiencias de rendición de cuentas, defina su periodicidad, permita el ingreso de representantes de los organismos de control y de organizaciones no gubernamentales. Lo ideal sería que la Corte presentara un informe en los días previos a la audiencia, de manera que la participación ciudadana se destine a la profundización y discusión de la información. 

Aunque es cierto que la sociedad civil y la academia tienen la responsabilidad de ejercer un control sobre el tribunal constitucional, también es verdad que existen fuertes barreras para acceder a la información que obstaculizan o desestimulan los estudios empíricos y descargan en instituciones o investigadores particulares toda la responsabilidad de sistematizar la escasa información disponible.

Si la propia Corte Constitucional asume la obligación de garantizar efectivamente el mayor acceso a la información relevante sobre su propio trabajo, permitirá a los ciudadanos ejercer un mayor control sobre su actividad y, por supuesto, aumentará la comprensión sobre la importancia y centralidad de ese tribunal en nuestro proyecto de democracia constitucional.

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